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Doce meses de cárcel por corrupción para exministro que llevó la F1 a Singapur
Un tribunal de Singapur condenó a 12 meses de cárcel por corrupción al exministro de Transportes S. Iswaran, uno de los artífices de llevar el Gran Premio de Fórmula 1 a esta ciudad-Estado del sudeste asiático.
La semana pasada, Iswaran fue condenado por obstrucción a la justicia y por aceptar ilegalmente regalos en el primer juicio por corrupción contra un político de este país desde hace casi medio siglo.
El diario local The Straits Times señaló que la fiscalía reclamaba una sentencia de sies a siete meses de cárcel, contra las ocho semanas que argumentaba la defensa.
Finalmente, los medios locales señalaron que el tribunal decretó doce meses de cárcel para el exministro de Transportes, que dimitió en enero después de recibir la notificación formal de su imputación.
Inicialmente, la fiscalía había presentado 35 cargos contra Iswaran, la mayoría relacionados con corrupción, pero la semana pasada los redujeron a cinco en el inicio del juicio.
Algunos de estos estaban vinculados con la aceptación de regalos por parte del magnate hotelero e inmobiliario Ong Beng, uno de los hombres más ricos de Singapur, también involucrado en la organización de la Fórmula 1 en esta ciudad.
En 2007, la Dirección de Turismo de Singapur firmó un contrato con la empresa promotora Singapore GP, propiedad de Ong, para organizar esta carrera nocturna iniciada en 2008.
El contrato se ha renovado en tres ocasiones y está vigente hasta 2028, pero el gobierno anunció que revisaría su contenido después de la renuncia de Iswaran.
Iswaran devolvió los 295.000 dólares de ganancias ilícitas al gobierno y también se le incautaron los regalos recibidos, como una bicicleta Brompton, dijo la oficina del fiscal general.
Los observadores consideran este juicio como uno de los más significativos a nivel político en esta ciudad-Estado, a menudo considerada como uno de los países menos corruptos del mundo.
Los ministros de su gobierno reciben salarios comparables a los más altos ejecutivos del sector privado para disuadir las actitudes corruptas. (AFP)