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Las barras bravas del fútbol, un eterno problema sin solución en Costa Rica

La violencia de las barras bravas en el fútbol de Costa Rica vuelve a la palestra tras las agresiones ocurridas el fin de semana pasado, lo que evidencia que sigue siendo un problema sin solución pese a que existe una ley y a que algunos clubes han tomado medidas.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron el pleito entre barras del Cartaginés y el Herediano, el pasado domingo, y el espantoso desenlace cuando uno de los hinchas heredianos le lanzó una enorme piedra a la cabeza a otro de la barra contraria mientras estaba en el suelo.

El golpe le ocasionó al hombre fracturas en el cráneo, una hospitalización en estado grave y las secuelas que podría sufrir por el resto de su vida.

El sospechoso del delito de tentativa de homicidio se entregó a la policía un día después, mientras las autoridades buscan a varios más que participaron en la pelea.

Esto ocasionó que, nuevamente, se ocasionara un escándalo en el que la policía y clubes se echaban la culpa mutuamente por lo ocurrido y se reviviera el eterno debate sobre la necesidad de disolver las barras bravas.

En estos grupos hay de todo. Desde gente que va a apoyar a su equipo, hasta otros que van a los estadios a consumir droga, a asaltar gente y comercios cercanos o a buscar pleitos con los rivales, según han mostrado diversos reportajes periodísticos.

Datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) indican que en cada jornada del fútbol son detenidas en promedio 20 personas de las barras por delitos como tráfico y venta de drogas, perturbación del orden público, desobediencia e irrespeto a la autoridad y tenencia de armas blancas o de fuego.

El martes, la Federación Costarricense de Fútbol celebró una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad y representantes de los clubes para analizar la problemática y plantear soluciones.

“Nosotros como Federación estamos interesados en que este tema se resuelva. Yo creo que esta reunión sí se diferencia a las demás porque se presentaron algunas ideas importantes que son el inicio para comenzar a hacer las cosas diferentes para que la violencia no manche el fútbol”, dijo el presidente Federativo Rodolfo Villalobos, tras la cita.

Desde 2013 en Costa Rica existe una ley que sanciona con prohibiciones de ingreso a estadios de hasta tres años para quienes cometan hechos de violencia o racismo en escenarios deportivos, pero que no incluye castigos penales.

Estos se pueden aplicar si los revoltosos son acusados por la Fiscalía de delitos graves, como sucedió en 2014 con tres miembros de “La 12”, barra del Alajuelense, que fueron sentenciados a siete años de cárcel por robo agravado y agresiones durante un partido.

Sin embargo, las barras continúan asistiendo a los partidos y suelen protagonizar pleitos en las afueras de los estadios, lo que genera peligro para el comercio, los habitantes y el resto de los aficionados.

Los clubes más poderosos como el Saprissa y el Alajuelense han intentado identificar a los revoltosos con cámaras de seguridad y empadronando a los miembros de las barras para conocer sus identidades en caso de que se presenten disturbios.

El Cartaginés ha tomado la decisión de vetar para siempre a los que participen en hechos violentos.

Sin embargo, el debate va más allá de mantener controlados o identificados a los miembros de las barras, pues hay quienes exigen que se disuelvan estos grupos de une vez por todas como la solución definitiva a la violencia.

Tras la reunión del martes, los clubes acordaron que los planes de seguridad ordenados por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para los partidos deben ser de acatamiento obligatorio.

“Hemos visto dentro de la reunión la importancia del aval del plan de seguridad que presentamos partido a partido. Hemos coordinado para ofrecer todo el conocimiento que tiene el Ministerio de Seguridad Pública para darle herramientas a los comisarios de los partidos”, dijo el viceministro del MSP, Jorge Andrade.

Estos planes de seguridad establecen una cantidad de miembros de seguridad privada como requisito para que la Policía se haga presente dentro del estadio, lo que además provoca disminuir la presencia policial en comunidades, según el MSP. EFE

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