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Brasil admite que el terror tiene una “guerra psicológica” contra los Juegos

El Gobierno brasileño admitió hoy que el terrorismo internacional tiene una “guerra psicológica” contra los Juegos Olímpicos que se celebrarán en agosto en Río de Janeiro, pero insistió en que hasta ahora no se ha detectado una amenaza real.

“Existen intentos por reclutar gente a través de internet y hay actividades de ‘guerra psicológica'” que son “vigiladas” por las autoridades, dijo el ministro de Seguridad Institucional, Sérgio Etchegoyen, en una rueda de prensa con corresponsables extranjeros en la que se detallaron los planes de seguridad para los Juegos.

Hasta el momento, el ministro brasileño aseguró que no ha sido identificada “ninguna amenaza potencial”, aunque aclaró que en un evento de la naturaleza de los Juegos Olímpicos la “posibilidad” no se puede descartar y es una “preocupación” para las autoridades.

En el marco de esa “guerra psicológica”, incluyó mensajes que han sido difundidos a través de redes sociales desde distintos lugares del mundo, los cuales pudieran ser originados por grupos vinculados al Estado Islámico que han comenzado a usar la lengua portuguesa.

No obstante, Etchegoyen garantizó que esos movimientos no sólo son vigilados por Brasil, sino también por una red de cooperación internacional que incluye a agencias de inteligencia de Estados Unidos y Europa y que hasta ahora no se confirma la autenticidad de esos mensajes.

También dio a entender que se vigilan las zonas de Brasil en las que, en el pasado, hubo sospechas de actividades de grupos asociados a terroristas de Oriente Medio, como la llamada “triple frontera” que el país comparte con Argentina y Paraguay.

“Todas las amenazas y fuentes de inestabilidad son conocidas y son vigiladas”, declaró el ministro, aunque declinó dar detalles por seguridad.

Entre esas cuestiones, incluyó el caso del sirio Jihad Ahmad Diyab, un exrecluso de la cárcel de Guantánamo acogido por Uruguay como refugiado, que desapareció hace tres semanas y se sospecha que pudiera haber viajado a Brasil, una hipótesis sobre la cual reiteró que no ha sido confirmada por los servicios de inteligencia.

En la misma rueda de prensa participó el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, quien subrayó que “Brasil es un país pacífico, sin antecedentes de terrorismo, pero no es un país desarmado” y estará en condiciones de responder a toda “amenaza”, aunque ahora mismo sufra con el “estrés de un gran evento”.

Jungmann explicó que uno de los momentos de mayor tensión de los Juegos Olímpicos será la inauguración del evento, el próximo 5 de agosto, cuando se calcula que pueden congregarse unos 90 jefes de Estado y de Gobierno, aunque hasta ahora sólo 44 han confirmado su asistencia.

La seguridad de los dignatarios estará a cargo de la Policía Federal brasileña, que ya tiene experiencia en “grandes eventos” como la conferencia sobre desarrollo Río+20, celebrada en 2012 con más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno.

Jungmann reiteró que, entre miembros de las Fuerzas Armadas y policías de diferentes cuerpos, la seguridad de los Juegos Olímpicos movilizará a unos 85.000 agentes, un número que pudiera ser ampliado de inmediato si fuera necesario.

También reconoció que la delincuencia, un problema arraigado en Río de Janeiro, supondrá otro desafío para la seguridad.

Sin embargo, volvió a escudarse en experiencias anteriores, entre las que citó la Copa de las Confederaciones de la FIFA (2013) y el Mundial de fútbol de 2014, en las que no hubo incidentes mayores.

“Es innegable que la criminalidad en Río es un problema, pero lo que hemos verificado en grandes eventos es que el crimen organizado retrocede frente al despliegue de seguridad”, afirmó.

Jungmann también minimizó las protestas que grupos de la policía local de Río de Janeiro protagonizaron en las últimas semanas, entre otras cosas por atrasos en sus salarios derivados de la grave crisis financiera que tiene la administración pública regional.

“El Gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo y ayudado a Río de Janeiro a cancelar esas deudas”, por lo que “el potencial de huelga ha disminuido”, explicó.

También admitió que la crisis de Brasil, con la presidenta Dilma Rousseff suspendida de sus funciones por un juicio de destitución y con el Gobierno interino presidido por Michel Temer, puede generar algún tipo de manifestación política durante los Juegos.

Sin embargo, subrayó que “toda manifestación es legítima en un Estado de Derecho como el que impera en Brasil. Lo que no se puede tolerar es que una manifestación afecte los derechos del resto de los ciudadanos”. EFE

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